Las clases dominantes y los sectores más reaccionarios de este sistema han avanzado en la naturalización del consumo y la cultura del reviente.

En Argentina no solo aumentó el consumo de drogas y alcohol, sino que también descendió la edad de iniciación, ubicándose entre los 9 y 11 años. El país pasó de ser un lugar de tránsito a uno de consumo, y luego a producir y exportar.
El consumo de drogas atraviesa a todas las clases sociales; sin embargo, no impacta de la misma manera en todos los sectores. El hambre, el desempleo, la violencia y el aumento de las personas en situación de calle son parte de este escenario. Hay familias que deben sostener varios trabajos para intentar llegar a fin de mes, a lo que se suma una juventud que atraviesa una de las mayores crisis de salud mental de los últimos tiempos.
Somos los pibes y las pibas de los barrios más vulnerables quienes enfrentamos las condiciones de vida más duras. Muchos jóvenes usan las drogas para aguantar los ritmos de trabajo y la precarización laboral. Además, las sustancias que circulan en las barriadas populares son de peor calidad y están más adulteradas, lo que los expone a graves riesgos para su salud. La realidad se vuelve cada vez más compleja, atravesada por sufrimientos y padecimientos que son consecuencia de la profunda crisis que estamos viviendo. En este contexto, la droga aparece muchas veces como una falsa salida, una vía de escape impuesta por el sistema para evadir una realidad que duele y adormecer el sufrimiento cotidiano.
La narcoestructura controla y disputa el futuro posible de los pibes: por un lado, convirtiéndolos en sus “soldaditos” y, por el otro, transformando el cuerpo de las pibas en mercancía, bajo la promesa de conseguir lo “urgente, fácil y rápido”. Lejos de ofrecer una salida a esta situación, el gobierno de Milei profundiza el problema con la baja de la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Nos descartan cuando se trata de garantizar derechos, pero nos ponen en el centro cuando buscan responsables.
¿Problemática del consumo o consumo problemático?
El consumo es un problema social. No podemos pensarlo por fuera de las desigualdades sociales y económicas, ni de una cultura que lo impulsa como respuesta a los malestares que genera este sistema. Pensarlo como una problemática es empezar a tomar la sartén por el mango desde lo colectivo. Es preguntarnos: ¿por qué muchos pibes encuentran en el consumo un refugio frente a la falta de trabajo, de oportunidades, de espacios de pertenencia y de proyectos colectivos?
Los términos esconden ideas. Cuando se habla de «consumos problemáticos», se presenta el problema como una cuestión individual, como si las decisiones de cada persona no estuvieran atravesadas por su realidad concreta y por el deterioro que las drogas producen en la salud. De esta manera, se desvía la atención de las responsabilidades del Estado y de las condiciones sociales que empujan a miles de jóvenes hacia el consumo.
Por eso hablamos de problemática de consumo, porque es un problema social, cultural y político. No diferenciamos ni catalogamos a las drogas en “buenas” y “malas”. Rechazamos las corrientes de «reducción de daños» porque las consideramos una política de la resignación, que refuerza el escepticismo y el individualismo ante la idea de que debemos resignarnos a convivir con esta realidad, donde cada uno debe salvarse solo, sin cambiar sus causas estructurales.
Decimos que la droga es droga y, como tal, mata; es un instrumento del imperialismo para el sometimiento de los países y pueblos dependientes. Discutimos con estas corrientes teóricas e ideológicas porque terminan siendo políticamente funcionales a quienes gobiernan con la complicidad del narcotráfico.
Milei habla de libertades individuales, pero ¿qué libertades poseen los miles de jóvenes que han crecido en la desnutrición crónica, sin un techo digno, en barrios abandonados por el Estado y con padres desocupados? Tienen la «libertad» de elegir aquello que el sistema pone en sus manos: drogas, violencia, cárcel y muerte.
Nada es imposible en el mundo si uno se atreve a escalar las alturas.
El 26 de junio se cumplen 10 años del nacimiento del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, y destacamos el enorme recorrido construido estando a la cabeza de las luchas. Este movimiento de masas logró poner en agenda el avance de la droga en los barrios, la realidad que atraviesan miles de pibes y pibas, y la necesidad de construir una salida distinta.
Hace tiempo venimos denunciando que en el país plata hay; el problema es a qué intereses se destina. Mientras los recursos de nuestra patria se fugan para el pago de la deuda ilegítima, la compra de votos de los senadores y los chanchullos de la casta (Cascada, el 3%, Libra), nuestros barrios se quedan sin presupuesto para la salud, la educación y el deporte. Para arrancar el problema de la droga de raíz, necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestra economía.
Por eso, la pelea por la emergencia en adicciones es inseparable de la lucha por un modelo que diversifique la producción, fomente la industria nacional, genere empleo digno, nacionalice el comercio exterior, distribuya la riqueza y ponga los recursos del país al servicio del pueblo; un modelo donde podamos vivir y no sobrevivir.
Para avanzar en ese camino, tenemos que ser miles los protagonistas en las discusiones políticas, la organización y las luchas, tomándolas como herramientas de rebeldía para cambiar este sistema de raíz. Es posible y necesario que sigamos peleando por la Ley de Emergencia en Adicciones, por tierra, techo y trabajo, y que también tomemos como bandera las reivindicaciones juveniles: educación, salud, cultura y deporte para todos y todas.

