En septiembre de 2026, se desató una fuerte polémica en los medios de comunicación y redes sociales en Argentina a raíz de las declaraciones de Agustín Laje respecto a la conductora y activista Florencia de la V.
Durante una entrevista televisiva, el politólogo desconoció la identidad de género de la conductora, lo que generó un repudio generalizado por parte de colectivos de diversidad sexual y sectores políticos, quienes catalogaron sus expresiones como discursos transodiantes. El episodio ocurrió en el programa conducido por Trebucq en La Nación +.
Al criticar unas declaraciones de Florencia de la V referidas a un fallo judicial sobre la extranjerización de tierras, Laje se refirió a ella de manera deliberada utilizando el pronombre masculino «él» y el término «señor» desviando el foco de lo que Florencia estaba diciendo.
La periodista Fernanda Iglesias lo corrigió y le advirtió que su actitud era una falta de respeto e implicaba una infracción normativa mientras que el escritor se negó a rectificarse y defendió activamente su posición.
Días después, Florencia de la V manifestó públicamente un paralelismo con las discusiones mediáticas que sufría hace 20 años en la televisión argentina. «No puedo creer que 20 años después sigamos con la misma polémica», expresó, criticando que se use su identidad para eludir debates de fondo y por otro lado hizo hincapié en que su identidad civil y su derecho a un trato digno están plenamente protegidos por el marco normativo del país. «Hay una ley que avala mi identidad», sentenció en referencia a la Ley de Identidad de Género (26.743). Exigió que, del mismo modo que se reclama el cumplimiento general de las leyes, se respete la normativa que tutela los derechos del colectivo trans.
Una ley que poco se cumple
La Ley N° 26.743 de Identidad de Género, sancionada en Argentina el 9 de mayo de 2012, reconoce el derecho de todas las personas a que se respete su identidad de género autopercibida. Es considerada una legislación pionera a nivel mundial, ya que fue la primera en permitir la modificación de los registros oficiales sin requerir diagnósticos médicos, psiquiátricos, ni cirugías previas (despatologización).
Organizaciones de derechos humanos destacaron que, aunque el desconocimiento de la identidad de género autopercibida no constituye formalmente un delito penalizado con prisión en el Código Penal, sí representa una infracción directa al artículo 12 (Trato Digno) de la ley nacional. Por otro lado organizaciones civiles emitieron comunicados advirtiendo que este tipo de declaraciones públicas no son simples opiniones biológicas, sino discursos negacionistas y de odio que buscan deslegitimar, invalidar y disciplinar a las identidades travestis y trans.
Estos personajes nefastos se escudan bajo “la libertad de expresión” deslegitimado y metiéndose en la vida privada y las elecciones de las personas que están amparadas bajo una ley como es en este caso.
Los personajes promotores del odio
Laje es un escritor que no se destaca por esto sino que es reconocido a nivel internacional como uno de los principales referentes de la nueva derecha y el pensamiento conservador en América Latina. Se ha especializado en lo que él define como la «batalla cultural», un enfrentamiento ideológico contra el progresismo, el feminismo moderno, la ideología de género y la Agenda 2030 de la ONU. Su figura ha cobrado enorme relevancia en Argentina con el ascenso de este gobierno nefasto de Milei funcionando como una de las bases intelectuales del movimiento libertario/conservador en el país.
Varones Unidos: Laurta fue el fundador y uno de los principales referentes de Varones Unidos, una organización uruguaya enfocada en discursos antifeministas y en la denuncia de supuestas «falsas denuncias» en el ámbito judicial familiar. Este espacio compartía la misma línea discursiva que promueven Agustín Laje y Nicolás Márquez (biografo oficial de Milei) en sus conferencias y libros, cuestionando las leyes de protección de género y las políticas de identidad.
Pablo Laurta, el fundador de esta organización, tiene una causa judicial de enorme impacto en Argentina. Gira en torno a un ciudadano uruguayo, referente de agrupaciones antifeministas, acusado de cometer un múltiple homicidio que incluye un doble femicidio, el asesinato y mutilación de un chofer, y el secuestro de su hijo de 5 años.
Estos personajes son los que se sientan hoy en día en la televisión del prime time a generar discursos contra las minorías que después son descargadas de una manera completamente atroz en la red social y cuando son puestos en discusión se excusan bajo la falsa libertad de expresión. libertad… a qué costo?
Un gobierno que no puede disimular el desprecio hacia el colectivo LGBTQ+
En septiembre de 2026, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, protagonizó una fuerte controversia al intentar postergar la 35.ª Marcha del Orgullo LGBT+, originalmente programada para el sábado 7 de noviembre de 2026. El argumento oficial del Ejecutivo porteño fue la superposición con el operativo de seguridad por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, quien arribaría el domingo 8 de noviembre.
El Gobierno porteño propuso trasladar la movilización masiva al 21 de noviembre. Jorge Macri afirmó en entrevistas radiales y televisivas que buscaban «liberar recursos» logísticos y de seguridad, asegurando inicialmente que ya existía un consenso con «la mayoría» de las organizaciones para postergar el evento.
Días después de sus declaraciones, el Gobierno de la Ciudad formalizó una resolución conjunta que prohibía la realización de cualquier acto en el espacio público porteño entre el 6 y el 13 de noviembre, afectando de manera directa la fecha original de la marcha. Macri reforzó su postura en televisión señalando que «en la Ciudad la ley se cumple».
La Comisión Organizadora y el Consejo Asesor Histórico de la Marcha del Orgullo desmintieron la existencia de un acuerdo previo y ratificaron la fecha del 7 de noviembre.
Explicaron que la fecha se define de manera soberana con meses de anticipación y que la postergación afectaba a miles de personas de todo el país que ya tenían pasajes y alojamientos reservados. Además, recordaron que la Ley de la Ciudad N° 6.482 reconoce la plena autonomía de las ONG para fijar la fecha de la movilización, por lo que catalogaron la medida oficial como un intento de «censura» e «invisibilización»
Tras días de tensión y negociaciones abiertas, ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo a finales de septiembre de 2026. No nos olvidemos que este gobierno para pocos mantiene una postura de confrontación directa contra lo que define como la «ideología de género», la «agenda woke» y el colectivismo. Desde su asunción, el Gobierno nacional ha implementado profundas reformas institucionales, presupuestarias y normativas orientadas a desmantelar las políticas públicas enfocadas en género, diversidad y educación sexual, bajo la premisa de que estas constituyen «adoctrinamiento» estatal o un gasto innecesario.
