El gobierno de Milei vuelve a poner en discusión la Ley de Glaciares. Con el verso de atraer inversiones, quiere flexibilizar los límites que protegen nuestras reservas de agua para regalarle nuestros recursos a los monopolios extranjeros.
¿Qué es un glaciar y el ambiente periglaciar?
Un glaciar es una masa de hielo permanente que fluye lentamente. Es permanente o estable en el tiempo y actúa como un gran reservorio de agua dulce en estado sólido. El ambiente periglaciar es el área circundante con suelos congelados (permafrost) o estacionales ubicados en zonas de clima frio que rodean los glaciares o se encuentran en alta montaña, fundamental para la regulación hídrica. Ambos son ecosistemas clave en alta montaña que almacenan agua dulce y actúan como reservas estratégicas de agua.
¿Qué modificaciones establece la Reforma?
Redefinición del área protegida: Se abandona la protección general del ambiente periglaciar. Solo quedarán resguardadas las formaciones que cumplan una «función hídrica efectiva», relevante y comprobable, permitiendo actividades económicas en otras zonas.
Delegación a las Provincias: Las provincias ganan poder para definir qué glaciares y áreas periglaciares proteger y cuáles habilitar para el desarrollo productivo, minero e hidrocarburífero.
Permisión de actividades extractivas: La reforma busca facilitar el avance de proyectos mineros e hidrocarburíferos en áreas actualmente restringidas por la ley.
Cambio en el criterio de reserva estratégica: Se pasa de un enfoque de protección de toda la cuenca hídrica a uno más restrictivo, buscando liberar zonas para la inversión económica.
Pero, ¿cuáles son las implicancias y problemáticas que puede desencadenar esto en un futuro? Con la delegación a las provincias sobre la decisión de qué es un glaciar y el ambiente periglaciar se pierde la protección federal, no existen criterios estandarizados para la protección de estos, por lo tanto, deja de ser una protección homogénea. La reforma sienta un precedente peligroso al permitir que los intereses de las mineras y las energéticas primen por sobre la protección de los bienes comunes estratégicos para el desarrollo de la vida. El debilitamiento de la protección de los glaciares y ambientes periglaciares va a impactar de lleno en el abastecimiento de agua para consumo y riego de cultivo para más de 7 millones de personas, en un contexto de cambio climático donde los glaciares ya se encuentran en retroceso.
La naturaleza al servicio de un modelo de país
Este año legislativo arrancó convulsionado por el tratamiento en sesiones extraordinarias de la reforma laboral y la reforma de la Ley de Glaciares. A primera vista parecen debates distintos, pero en realidad son dos caras de la misma moneda: la consolidación de un modelo de país para pocos, donde la naturaleza se entrega y el trabajo se abarata. No es casualidad: ambas reformas encajan en una misma lógica de privatización de la economía, donde el país se especializa en exportar materias primas (minerales, energía, granos) mientras se debilita el entramado industrial y productivo. En ese esquema, la educación pública, la ciencia, la técnica, el trabajo calificado y la industria nacional pierden lugar frente a un modelo basado en la extracción de recursos naturales y enclaves exportadores. El resultado es conocido: menos industria, más dependencia externa y más territorios convertidos en zonas de sacrificio para sostener un flujo de dólares que rara vez se traduce en desarrollo real para las mayorías.
Un pueblo que lucha
La experiencia de las provincias donde la megaminería ya avanzó muestra con claridad las consecuencias de ese modelo. En Catamarca, la mina Bajo de la Alumbrera consumía cerca de 50 millones de litros de agua por día y dejó a localidades como Andalgalá con graves problemas hídricos, mientras la prometida prosperidad nunca llegó y la pobreza estructural se mantuvo. En San Juan, la mina Veladero, operada por Barrick Gold, protagonizó en 2015 un derrame masivo de solución cianurada que contaminó cursos de agua vinculados al Río Jáchal, generando alarma sanitaria y causas judiciales que aún siguen sin responsables condenados. En La Rioja, la resistencia popular frenó durante años la explotación del Famatina, símbolo de una provincia que se levantó contra el saqueo de sus montañas. En Mendoza, la movilización social aun sigue sacudida en contra del Proyecto San Jorge en defensa del agua cordillerana. Y en la Patagonia, el llamado Chubutazo obligó a derogar una ley que habilitaba la megaminería tras una rebelión popular masiva. En todos los casos se repite el mismo patrón: territorios que entregan recursos naturales estratégicos mientras las comunidades locales cargan con la contaminación, la crisis del agua y economías provinciales que siguen dependiendo de actividades primarias sin resolver sus niveles de pobreza o desigualdad.
Frente a este escenario, la resistencia popular y ambiental recorre todo el país. Desde Catamarca hasta Mendoza, desde La Rioja hasta Chubut, comunidades, asambleas y organizaciones ambientales se movilizan para frenar un modelo que entrega los recursos y precariza la vida. La histórica audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares convocada por la Cámara de Diputados, que ya rompió un récord de inscripciones con más de 45mil inscriptos a 10 días de su realización, se está convirtiendo en un símbolo de esa lucha. Es una demostración de que, más allá de los discursos oficiales, nuestro pueblo no está dispuesto a aceptar que la codicia e irresponsabilidad de unos pocos decida sobre la vida y los territorios de todos.
Las luchas en todo el país muestran el camino para pelear por la soberanía de nuestros recursos, para un desarrrollo en función de las necesidades de nuestra patria y no de los imperialismos, que permita el desarrollo de la industrial nacional, con controles estrictos para cuidar el medio ambiente.
