La alianza de Cornejo y Milei intenta imponer el proyecto de megaminería saqueante y contaminante en la provincia.
En un contexto de crisis económica, nuevo endeudamiento y fuga de capitales, el proyecto megaminero constituye uno de los pilares del plan económico del gobierno de Milei.
El proyecto minero “San Jorge “ pertenece a una empresa Suiza, tiene como objetivo principal explotar recursos estratégicos como el cobre, oro, y otros minerales que no suelen ser declarados. En los hechos, implicaría un “tajo” de 20 cuadras de largo por 10 de ancho y 3 de profundidad y 4 diques de cola. Su explotación, además del saqueo, implica un grave riesgo de contaminación de la principal cuenca hídrica de la provincia, que abastece a tres de cada cuatro mendocinos.
Sus ganancias serán mayor a 600 millones de dólares anuales, con una inversión recuperada en el lapso de 1 año. Por otra parte, se aprobaron las declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 27 proyectos mineros en Malargüe. Esta aprobación se suma a los 34 proyectos ya aprobados anteriormente. ¿Y para la provincia? Solo dejarían regalías del 3% que no es ni 0.5% anual del presupuesto de la provincia. Beneficio para unos pocos(monopolios, Cornejo, Milei ) y escasez para las mayorías: el pueblo.
Ninguna provincia (San Juan, Catamarca) ha solucionado la pobreza, la dependencia de ayuda nacional ni el desarrollo autónomo con mas de 30 años de megaminería. Mendoza, es una de las últimas provincias que aún impedía la megaminería con uso de sustancias tóxicas.
En un momento donde tenemos una sequía estructural, donde escasea el agua en las barriadas populares y en la producción de alimentos, este proyecto viene a poner en foco, la contaminación a cielo abierto, la entrega y la profundización de la dependencia.
Puebladas históricas
El gobierno subestima que no tiene licencia social para traer este tipo de minería, se lo demostramos en el 2007 con la conquista de la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes y en el 2019 cuando modificaron la ley, el pueblo le dió el revés, con movilizaciones y cortes durante 10 días.
Esta vez no fue distinto, se venian haciendo convocatorias en defensa del agua, se realizó un caravanazo hacia la audiencia pública popular en Uspallata (2/8).
Intensas semanas de protestas, cacerolazos en plazas departamentales, concentraciones en la legislatura principalmente cuando se trataba el proyecto, el importante ruidazo del 2/12 que reunió cerca de 10 mil personas, la vigilia del 8/12 previo al tratado en el senado y una caminata/caravana histórica bajo el nombre de “Gesta Libertadora por el Agua” que recorrió más de 100km desde Uspallata y Valle de Uco, sumándose en recorrido los departamentos por dónde se pasaba, para llegar a la jornada del 9/12 (día de votación) con miles de mendocinos diciendo «No a la megaminería contaminante». Alrededor de las 14hs de ese dia, con 27 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención, se aprueba en el senado el proyecto y esa misma noche se realizo una movilización federal, masiva y multisectorial una de las más grandes de la historia mendocina, una pueblada que cuenta mas de 15 cuadras llenas de personas, dónde se sumaron los vecinos y entre bocinazos, aplausos dijimos “EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA”.
Proyecto sin licencia social y con represión estatal
La lucha se ha sostenido a diario en los departamentos y en la ciudad, sin embargo, en algunos momentos más dilatada. Este fué un escenario ideal, para que el gobierno saliera a reprimir a quienes nos manifestamos: legislatura vallada, peatonal cercada, grupos dispersos y cientos de policías. Reprimieron, golpearon y salieron de cacería en motorizadas a instalar el miedo a marchar, grabar o pasar por el lugar. Se llevaron a 13 detenidos. El gobierno sabe, conoce y teme a que el PSJ lo tiremos todos juntos.
Si la lucha es de todxs, podemos pararla y es por ello que en cada departamento, barrio y lugares de trabajo nos organizamos y visibilizamos la importancia de seguir defendiendo nuestros recursos naturales.
Es por ello que es necesario una minería estatal que permita el desarrollo industrial nacional , el crecimiento económico de la provincia,con licencia social y con controles estrictos para cuidar el medio ambiente y proteger nuestra agua. Una minería que esté al servicio del pueblo , de nuestra soberanía y de la patria y no de grandes monopolios extranjeros.
SI LA PATRIA ESTA EN PELIGRO , TODO ESTA PERMITIDO EXCEPTO NO DEFENDERLA
